Martes, 28 de enero de 2003
El Defensor del Pueblo avala la ley que niega a los nietos del exilio la nacionalidad española

Melchor Sáiz-Pardo
 

Los 50.000 descendientes directos de los millares de exiliados de la Guerra Civil no tendrán posibilidad de ser españoles de manera automática. El Defensor del Pueblo ha cerrado el único resquicio que les quedaba: Enrique Múgica ha decido desestimar la demanda de estos nietos del exilio, unidos en el colectivo Morados, que durante el pasado año le remitieron una petición conjunta para que recurriera ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Civil que dará la nacionalidad a cerca de un millón de hijos y nietos de emigrantes económicos españoles, pero no a los familiares de los huidos durante el conflicto bélico que estalló en 1936.

El defensor del Pueblo es tajante en su exposición: la Constitución deja en manos del Poder Legislativo el decidir quién tiene opciones a la nacionalidad española, por lo que si el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma que establece que sólo accederán al pasaporte los hijos de españoles de origen (nacidos en España) está en su perfecto derecho y esto no es contrario al principio de igualdad que establece la Carta Magna. «Nos encontramos con un ámbito en que el legislador ordinario puede estatuir de acuerdo a su libertad», sostiene Múgica en las contestaciones formales que ha hecho llegar en los últimos días a los morados de todo el mundo.

La Constitución -aclara el defensor a los descendientes del exilio- sólo establece la prohibición de privar de la nacionalidad a los españoles de origen. «Salvada esta limitación, el legislador de la nacionalidad no queda constitucionalmente obligado más que por su propia libertad». Según entiende Enrique Múgica, el Parlamento también es soberano para fijar hasta qué grado sanguíneo llega la transmisión de la ciudadanía recién concedida, por lo que «tiene la libertad para decidir si la nacionalidad por opción adquirida por una persona puede aprovechar a sus familiares o no».

Para Múgica, es claro que la reclamación de los nietos de los exiliados es sólo una reacción al hecho de que los miembros de este colectivo «pretendían del legislador un resultado más acorde con sus solicitudes y, por el momento, no lo han conseguido». No obstante, explica el defensor en su respuesta, las »Cortes Generales contemplan estos asuntos con creciente interés y sensibilidad», por lo que no descarta que en un futuro el Parlamento abra las puertas a la nacionalidad a los miles de descendientes de los exiliados.