.Martes, 28 de enero de 2003
Múgica avala la ley que niega la nacionalidad a los nietos del exilio
El Defensor del Pueblo desestima la demanda del colectivo 'Morados'
 

 

Los 50.000 descendientes directos de los millares de exiliados de la Guerra Civil no tendrán posibilidad de ser españoles de manera automática. El Defensor del Pueblo ha cerrado el único resquicio que les quedaba: Enrique Múgica ha decido desestimar la demanda de estos nietos del exilio, unidos en el colectivo 'Morado', que durante el pasado año le remitieron una petición conjunta para que recurriera ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Civil que dará la nacionalidad a cerca de un millón de hijos y nietos de emigrantes económicos españoles, pero no a los familiares de los huidos durante el conflicto bélico que estalló en 1936.

El Defensor del Pueblo es tajante en su exposición: la Constitución deja en manos del Poder Legislativo el decidir quién tiene opciones a la nacionalidad española, por lo que si el Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma que establece que sólo accederán al pasaporte los hijos de españoles de origen (nacidos en España) está en su perfecto derecho y esto no es contrario al principio de igualdad que establece la Carta Magna.

Españoles de origen

La Constitución -aclara el defensor a los descendientes del exilio- sólo establece la prohibición de privar de la nacionalidad a los españoles de origen. «Salvada esta limitación, el legislador de la nacionalidad no queda constitucionalmente obligado más que por su propia libertad».

Según entiende Múgica, el Parlamento también es soberano para fijar hasta qué grado sanguíneo llega la transmisión de la ciudadanía recién concedida, por lo que «tiene la libertad para decidir si la nacionalidad por opción adquirida por una persona puede aprovechar a sus familiares o no».

Múgica también desmonta el argumento de 'Morados' de que negar la ciudadanía a los nietos de los huidos frente a los descendientes de los emigrantes económicos quebranta el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.

La cuestión radica -sostiene 'Morados'- en que, a diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron inscribir en los consulados en América a sus hijos como españoles, a los exiliados políticos se les negó este derecho, por lo que sus descendientes tuvieron que optar forzosamente por la nacionalidad del país de acogida.

Sin embargo, para el Defensor esta explicación no es válida porque «la igualdad, en su vertiente formal según viene recogida en el artículo 14 de la Constitución, sólo se predica de los españoles y no de los que aspiran a serlo».

El Defensor del Pueblo rechaza otro de los ejes de la reclamación de 'Morados', colectivo que insiste en que la reforma de la nacionalidad que entró en vigor el pasado 9 de enero choca frontalmente con el artículo 42 de la Constitución, que proclama que los poderes públicos deberán salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno al país.