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Las peticiones
ante el Rey, Aznar, el Congreso y el Defensor del Pueblo
no han servido para incluir a los descendientes de los
huidos entre los futuros españoles. |
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MELCHOR SÁIZ-PARDO.
Madrid
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Entre los 650.000 extranjeros que, según las estimaciones de
Exteriores, podrán acceder a la nacionalidad española no
estarán finalmente los casi 50.000 descendientes de exiliados
de la Guerra Civil, en su mayoría nietos de españoles,
repartidos por todo el mundo y agrupados en el colectivo
"Morados".
Las insistentes peticiones de esta asociación ante el Rey Juan
Carlos, el presidente José María Aznar, el Congreso y el
Senado y el Defensor del Pueblo para que en la reforma de la
nacionalidad también cupiesen los nietos del exilio no han
servido de nada.
El eje de las infructuosas reclamaciones de "Morados"
-colectivo que nació el pasado enero durante el debate en el
Congreso de las modificaciones sobre la ciudadanía- es que el
reformado artículo 20 del Código Civil cerrará para siempre
las posibilidades de retorno de los descendientes de los
refugiados de guerra.
Este precepto establece que sólo "podrán optar por la
nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre
hubiera sido originariamente español y nacido en España". Es
decir, que los millares de nietos de aquellos exiliados no
llegarán a tener nunca la ciudadanía de sus ancestros, ya que
la inmensa mayoría de esas 50.000 son hijos de españoles que
nacieron en el extranjero durante los primeros años de huida
forzada de su padres.
La clave del problema que dejará fuera a los "morados" es que,
a diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron
inscribir en los consulados a sus hijos como españoles, a los
exiliados políticos se les negó este derecho, por lo que sus
descendientes tuvieron que optar forzosamente por la
nacionalidad del país de acogida.
Aunque el próximo jueves no habrá descendientes del exilio en
las filas que se formarán ante los consulados para obtener la
nacionalidad española, "Morados" aún no ha perdido la
esperanza. En las últimas semanas, la asociación ha enviado
varios millares de escritos al Defensor del Pueblo para
reclamar a esta institución que recurra ante el Tribunal
Constitucional la reforma del Código Civil por entender que
ésta atenta contra el artículo 14 de la Carta Magna, que
establece que todos los españoles son iguales ante la Ley, con
independencia de sus circunstancias personales. |
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