Jueves 21 de noviembre del 2002
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Las peticiones ante el Rey, Aznar, el Congreso y el Defensor del Pueblo no han servido para incluir a los descendientes de los huidos entre los futuros españoles.

 

 

MELCHOR SÁIZ-PARDO. Madrid



Entre los 650.000 extranjeros que, según las estimaciones de Exteriores, podrán acceder a la nacionalidad española no estarán finalmente los casi 50.000 descendientes de exiliados de la Guerra Civil, en su mayoría nietos de españoles, repartidos por todo el mundo y agrupados en el colectivo "Morados".

Las insistentes peticiones de esta asociación ante el Rey Juan Carlos, el presidente José María Aznar, el Congreso y el Senado y el Defensor del Pueblo para que en la reforma de la nacionalidad también cupiesen los nietos del exilio no han servido de nada.

El eje de las infructuosas reclamaciones de "Morados" -colectivo que nació el pasado enero durante el debate en el Congreso de las modificaciones sobre la ciudadanía- es que el reformado artículo 20 del Código Civil cerrará para siempre las posibilidades de retorno de los descendientes de los refugiados de guerra.

Este precepto establece que sólo "podrán optar por la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España". Es decir, que los millares de nietos de aquellos exiliados no llegarán a tener nunca la ciudadanía de sus ancestros, ya que la inmensa mayoría de esas 50.000 son hijos de españoles que nacieron en el extranjero durante los primeros años de huida forzada de su padres.

La clave del problema que dejará fuera a los "morados" es que, a diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron inscribir en los consulados a sus hijos como españoles, a los exiliados políticos se les negó este derecho, por lo que sus descendientes tuvieron que optar forzosamente por la nacionalidad del país de acogida.

Aunque el próximo jueves no habrá descendientes del exilio en las filas que se formarán ante los consulados para obtener la nacionalidad española, "Morados" aún no ha perdido la esperanza. En las últimas semanas, la asociación ha enviado varios millares de escritos al Defensor del Pueblo para reclamar a esta institución que recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma del Código Civil por entender que ésta atenta contra el artículo 14 de la Carta Magna, que establece que todos los españoles son iguales ante la Ley, con independencia de sus circunstancias personales.