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M. SÁIZ-PARDO.
MADRID. Unos
50.000 descendientes directos de los millares de exiliados
durante la Guerra Civil han pedido -hasta ahora sin éxito- al
Congreso y a la Administración ser reconocidos como españoles.
El colectivo Morados, que agrupa a los hijos y nietos de
refugiados españoles, reclamó el lunes al Defensor del Pueblo,
Enrique Múgica, que recurra ante el Tribunal Constitucional la
reforma de las leyes sobre acceso a la nacionalidad que
entrarán en vigor en enero y que abrirá las puertas a la
ciudadanía a miles de descendientes de españoles, pero que
negará el pasaporte a los hijos de aquellos españoles
descendientes de exiliados que no nacieron en España. Ayer, el
Congreso se unió a esta demanda y exigió además al Gobierno
una "política integral" que recoja ayudas económicas para los
exiliados que aún viven y el derecho al voto para los hijos y
nietos de aquellos españoles.
La cruzada de este
colectivo les ha llevado ya a enviar 4.000 cartas al Rey para
que interceda por los descendientes de exiliados y remitir
otras 3.000 solicitudes al presidente José María Aznar para
que el Partido Popular acepte que los descendientes de los
españoles que no nacieron en territorio nacional también
puedan acceder a la nacionalidad.
La Comisión
Constitucional pidió ayer al Ejecutivo que esa nueva política
no sea sólo un reconocimiento moral sino que incluya también
una "protección económica y social" para los ancianos
exiliados aún vivos, que en muchos casos se encuentran en una
situación financiera muy precaria.
Unas ayudas que el
Congreso quiere que se trasladen también a los denominados
niños de la guerra que nunca volvieron a un país en el que ya
no tenían familia y que se quedaron a vivir no sólo en Rusia,
sino en Francia, Bélgica, Reino Unido, México y Dinamarca, tal
y como ayer recordó en la Cámara Baja el diputado socialista
Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias.
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