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Martes, 28 de enero de 2003
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Múgica avala la negación de la nacionalidad a nietos del exilio
El Defensor del Pueblo afirma que no es inconstitucional

 


MELCHOR SAIZ-PARDO. COLPISA. MADRID
Los 50.000 descendientes de los exiliados de la guerra civil no tendrán posibilidad de ser españoles de manera automática. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha desestimado la demanda de estos nietos del exilio, unidos en el colectivo "Morados", que le pidieron que recurriera la reforma que dará la nacionalidad a un millón de hijos y nietos de emigrantes, pero no a los familiares de los huidos en la guerra.

 


 

Enrique Múgica. EFE

El defensor del Pueblo es tajante en su exposición: la Constitución deja en manos del Poder Legislativo decidir quién tiene opciones a la nacionalidad española, por lo que si el Congreso ha aprobado una reforma que establece que sólo accederán al pasaporte los hijos de españoles de origen (nacidos en España) está en su derecho y esto no es contrario al principio de igualdad que establece la Carta Magna. "Nos encontramos con un ámbito en que el legislador ordinario puede estatuir de acuerdo a su libertad", sostiene Múgica en las contestaciones formales que ha hecho llegar en los últimos días a los "morados" de todo el mundo.

El grado sanguíneo

La Constitución -aclara el defensor a los descendientes del exilio- sólo establece la prohibición de privar de la nacionalidad a los españoles de origen. "Salvada esta limitación, el legislador de la nacionalidad no queda constitucionalmente obligado más que por su propia libertad". Según Enrique Múgica, el Parlamento también es soberano para fijar hasta qué grado sanguíneo llega la transmisión de la ciudadanía recién concedida, por lo que "tiene la libertad para decidir si la nacionalidad por opción adquirida por una persona puede aprovechar a sus familiares o no".

Múgica también desmonta el argumento de "Morados" de que negar la ciudadanía a los nietos de los huidos frente a los descendientes de los emigrantes económicos quebranta el principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución. La cuestión radica -sostiene Morados- en que, a diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron inscribir en los consulados en América a sus hijos como españoles, a los exiliados políticos se les negó este derecho, por lo que sus descendientes tuvieron que optar forzosamente por la nacionalidad del país de acogida. Sin embargo, para el defensor esta explicación no es válida porque "la igualdad, en su vertiente formal según viene recogida en el artículo 14 de la Constitución, sólo se predica de los españoles y no de los que aspiran o pretenden aspirar a serlo".

El defensor del Pueblo rechaza otro de los ejes de la reclamación de "Morados", colectivo que insiste en que la reforma de la nacionalidad que entró en vigor el pasado 9 de enero choca frontalmente con el artículo 42 de la Constitución, que proclama que los poderes públicos deberán salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno.

El objetivo

En opinión de Enrique Múgica, la reciente reforma del Código Civil va encaminada a "facilitar la conservación y transmisión de la nacionalidad española", por lo que "difícilmente" se puede considerar que la nueva normativa sobre la ciudadanía atente contra el mandato constitucional de defender los intereses de los emigrados. Para Múgica, es claro que la reclamación de los nietos de los exiliados es sólo una reacción al hecho de que los miembros de este colectivo "pretendían del legislador un resultado más acorde con sus solicitudes y, por el momento, no lo han conseguido".

Entre tanto -recuerda Múgica- estos millares de nietos de españoles pueden tratar de acceder a la nacionalidad si consiguen residir de forma legal en España por espacio de un año, el único resquicio que la nueva legislación deja para este colectivo, que no obstante pasa a depender de la Ley de Extranjería.