-El
colectivo Morados, que agrupa a nietos e hijos de huidos por
la Guerra Civil, ha pedido al Defensor que recurra la nueva
legislación sobre acceso a la nacionalidad
-El
Parlamento exige de "manera urgente" ayuda económica y la
ciudadanía española para los exiliados y los 'niños de la
guerra'.
Madrid, 20
nov. (COLPISA, Melchor Sáiz-Pardo).
Unos 50.000 descendientes directos de los millares
de exiliados durante la Guerra Civil han pedido -hasta ahora
sin éxito- al Congreso y a la Administración ser reconocidos
como españoles. El colectivo Morados, que agrupa a los hijos y
nietos de refugiados españoles, reclamó el pasado lunes al
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que recurra ante el
Tribunal Constitucional la reforma de las leyes sobre acceso a
la nacionalidad que entrarán en vigor el próximo enero y que
abrirá las puertas a la ciudadanía a miles de descendientes de
españoles, pero que negará el pasaporte a los hijos de
aquellos españoles descendientes de exiliados que no nacieron
en territorio nacional. Este miércoles, el Congreso se unió a
esta demanda y exigió además al Gobierno una "política
integral" que recoja ayudas económicas para los exiliados que
aún viven y el derecho al voto para los hijos y nietos de
aquellos españoles.
Según el escrito presentado por el coordinador
general de Morados, el mexicano Alvar Acevedo, ante la oficina
de Enrique Múgica, la reciente reforma del Código Civil sobre
la adquisición de la nacionalidad supone una "gran injusticia
con el pueblo español de ultramar" y, en particular, con los
descendientes de los miles de españoles republicanos que
huyeron a América durante la Guerra Civil y la posguerra.
El eje de la reclamación de esta asociación, que
nació el pasado enero durante el debate en el Congreso de las
modificaciones sobre la ciudadanía, es que el reformado
artículo 20 del Código Civil cerrará para siempre las
posibilidades de retorno de los descendientes de los
refugiados de guerra.
Este precepto establece que sólo "podrá optar por
la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre
hubiera sido originariamente español y nacido en España". Es
decir, que los millares de nietos de aquellos exiliados no
llegará a tener nunca la ciudadanía de sus ancestros, ya que
la inmensa mayoría de esas 50.000 personas agrupadas en
Morados son hijos de españoles que nacieron en el extranjero
durante los primeros años de huida forzada de su padres.
La cuestión radica -sostiene Morados- en que, a
diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron
inscribir en los consulados en América a sus hijos como
españoles, a los exiliados políticos se les negó este derecho,
por lo que sus descendientes tuvieron que optar forzosamente
por la nacionalidad del país de acogida.
La cruzada de este colectivo les ha llevado ya a
enviar 4.000 cartas al Rey para que interceda por los
descendientes de exiliados y remitir otras 3.000 solicitudes
al presidente José María Aznar para que el Partido Popular
acepte que los descendientes de los españoles que no nacieron
en territorio nacional también puedan acceder a la
nacionalidad.
Dinero y nacionalidad
La "súplica" para que el Defensor del Pueblo evite
un "acto de amnesia histórica y de absoluta inconsecuencia
humana, legal, moral y ética, además de una crueldad
injustificable" se produce casi de manera contemporánea a la
iniciativa de todos los grupos del arco parlamentario para
exigir al Gobierno que ponga en marcha de "manera urgente"
una "política integral" de reconocimiento al casi millón de
personas que durante la Guerra Civil y la posguerra se vieron
obligadas a abandonar España.
Pero no sólo reconocimiento moral. La Comisión
Constitucional pidió hoy al Ejecutivo que esa nueva política
incluya una "protección económica y social" para los ancianos
exiliados aún vivos, que en muchos casos se encuentran en una
situación financiera muy precaria.
Unas ayudas que el Congreso quiere que se
trasladen también a los denominados 'niños de la guerra' que
nunca volvieron a un país en el que ya no tenían familia y que
se quedaron a vivir no sólo en
Rusia,
sino en Francia, Bélgica, Reino Unido, México y Dinamarca, tal
y como hoy recordó en la cámara baja el diputado socialista
Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias. El
ex vicepresidente del Gobierno, para hablar de las ayudas al
exilio, rompió un silencio parlamentario de más de una década.
La Comisión Constitucional hizo suyos los
planteamientos de Guerra y de Morados, y reclamó además a la
Administración que se "extienda a los descendientes" de
aquellos niños y exiliados el derecho a la nacionalidad
española y el "reconocimiento del derecho al voto".
El ex vicepresidente, que desde la Fundación Pablo
Iglesias ha hecho del rescate de la memoria del exilio su
particular 'caballo de batalla', aseguró tajante "que no hay
ya obstáculos a la reparación moral y a la atención material"
a aquellos refugiados. "No se trata de reabrir heridas",
aclaró Guerra: "Las heridas existen y sacarlas a la luz puede
llevar a cicatrizarlas".
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