-El colectivo Morados, que agrupa a nietos e hijos de huidos por la Guerra Civil, ha pedido al Defensor que recurra la nueva legislación sobre acceso a la nacionalidad

-El Parlamento exige de "manera urgente" ayuda económica y la ciudadanía española para los exiliados y los 'niños de la guerra'.

Madrid, 20 nov. (COLPISA, Melchor Sáiz-Pardo).

            Unos 50.000 descendientes directos de los millares de exiliados durante la Guerra Civil han pedido -hasta ahora sin éxito- al Congreso y a la Administración ser reconocidos como españoles. El colectivo Morados, que agrupa a los hijos y nietos de refugiados españoles, reclamó el pasado lunes al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que recurra ante el Tribunal Constitucional la reforma de las leyes sobre acceso a la nacionalidad que entrarán en vigor el próximo enero y que abrirá las puertas a la ciudadanía a miles de descendientes de españoles, pero que negará el pasaporte a los hijos de aquellos españoles descendientes de exiliados que no nacieron en territorio nacional. Este miércoles, el Congreso se unió a esta demanda y exigió además al Gobierno una "política integral" que recoja ayudas económicas para los exiliados que aún viven y el derecho al voto para los hijos y nietos de aquellos españoles.

            Según el escrito presentado por el coordinador general de Morados, el mexicano Alvar Acevedo, ante la oficina de Enrique Múgica, la reciente reforma del Código Civil sobre la adquisición de la nacionalidad supone una "gran injusticia con el pueblo español de ultramar" y, en particular, con los descendientes de los miles de españoles republicanos que huyeron a América durante la Guerra Civil y la posguerra.

            El eje de la reclamación de esta asociación, que nació el pasado enero durante el debate en el Congreso de las modificaciones sobre la ciudadanía, es que el reformado artículo 20 del Código Civil cerrará para siempre las posibilidades de retorno de los descendientes de los refugiados de guerra.

            Este precepto establece que sólo "podrá optar por la nacionalidad española aquellas personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España".  Es decir, que los millares de nietos de aquellos exiliados no llegará a tener nunca la ciudadanía de sus ancestros, ya que la inmensa mayoría de esas 50.000 personas agrupadas en Morados son hijos de españoles que nacieron en el extranjero durante los primeros años de huida forzada de su padres.

            La cuestión radica -sostiene Morados- en que, a diferencia de los emigrantes económicos, que pudieron inscribir en los consulados en América a sus hijos como españoles, a los exiliados políticos se les negó este derecho, por lo que sus descendientes tuvieron que optar forzosamente por la nacionalidad del país de acogida.

            La cruzada de este colectivo les ha llevado ya a enviar 4.000 cartas al Rey para que interceda por los descendientes de exiliados y remitir otras 3.000 solicitudes al presidente José María Aznar para que el Partido Popular acepte que los descendientes de los españoles que no nacieron en territorio nacional también puedan acceder a la nacionalidad.

            Dinero y nacionalidad

            La "súplica" para que el Defensor del Pueblo evite un "acto de amnesia histórica y de absoluta inconsecuencia humana, legal, moral y ética, además de una crueldad injustificable" se produce casi de manera contemporánea a la iniciativa de todos los grupos del arco parlamentario para exigir al Gobierno que ponga en marcha de "manera urgente" una  "política integral" de reconocimiento al casi millón de personas que durante la Guerra Civil y la posguerra se vieron obligadas a abandonar España.

            Pero no sólo reconocimiento moral. La Comisión Constitucional pidió hoy al Ejecutivo que esa nueva política incluya una "protección económica y social" para los ancianos exiliados aún vivos, que en muchos casos se encuentran en una situación financiera muy precaria.

            Unas ayudas que el Congreso quiere que se trasladen también a los denominados 'niños de la guerra' que nunca volvieron a un país en el que ya no tenían familia y que se quedaron a vivir no sólo en

Rusia, sino en Francia, Bélgica, Reino Unido, México y Dinamarca, tal y como hoy recordó en la cámara baja el diputado socialista Alfonso Guerra, presidente de la Fundación Pablo Iglesias. El ex vicepresidente del Gobierno, para hablar de las ayudas al exilio, rompió un silencio parlamentario de más de una década.

            La Comisión Constitucional hizo suyos los planteamientos de Guerra y de Morados, y reclamó además a la Administración que se "extienda a los descendientes" de aquellos niños y exiliados el derecho a la nacionalidad española y el "reconocimiento del derecho al voto".

            El ex vicepresidente, que desde la Fundación Pablo Iglesias ha hecho del rescate de la memoria del exilio su particular 'caballo de batalla', aseguró tajante "que no hay ya obstáculos a la reparación moral y a la atención material" a aquellos refugiados. "No se trata de reabrir heridas", aclaró Guerra: "Las heridas existen y sacarlas a la luz puede llevar a cicatrizarlas".